Resistencia, sosegada pero activa, al RD 16/2012 como trabajador de Salud Pública

Plantilla del texto  en doc

El siguiente texto puede ser difundido, modificado, copiado o adaptado. No es preciso hacer referencia a la autoría o a la fuente de publicación en Salud Comunitaria. Sí se recomienda incluir las seis referencias bibliográficas finales tal como aparecen citadas en el texto.

Rafael Cofiño Fernández, con DNI10867851Y, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente desarrollando su trabajo en Salud Pública ejerciendo funciones de Jefe de Servicio de Evaluación de la Salud y Programas de la Dirección General de Salud Pública en la Consejería de Sanidad de Asturias,

se declara como médico favorable al cumplimiento de las leyes de nuestro país *, declarando su resistencia, sosegada pero activa, a la aplicación efectiva del Real Decreto de Ley 16/2012, teniendo en cuenta que en lo referente a una atención sanitaria digna al colectivo de inmigrantes no regularizados incumple el ordenamiento jurídico actual al menos en el  Artículo 43.2  de la Constitución Española y en el Artículo 6.1 de la  Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y teniendo en cuenta que dicho Decreto incumple, en los términos que ya han expresado diferentes asociaciones, colectivos y entidades (1-4) , al menos los siguientes aspectos:

• El consumo de los recursos sanitarios que hace el colectivo de inmigrantes no regularizados de los recursos sanitarios es notablemente inferior al realizado por la población autóctona, al tratarse de personas jóvenes y sanas cuyo nivel de salud es en general bueno, hecho constatado en numerosos estudios científicos tanto en España como en el resto de países desarrollados (5)

• La aplicación del decreto supondría una reorientación indebida de los servicios de salud con una disminución en la accesibilidad al mismo de población que por condiciones socioeconómicas está más expuesta a una situación de vulnerabilidad, principio este básico que rige muchas de nuestras actuaciones en programas de prevención, promoción y protección en Salud Pública.

• La aplicación del decreto supondría la limitación del acceso a programas e intervenciones que, desde la perspectiva de salud pública y salud comunitaria, consideramos que son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una salud positiva.

• La creación de estructuras paralelas de atención sanitaria para estas personas constituye por si misma una discriminación que añade más dificultades para su integración en la sociedad.

• El inicio de una discriminación en el acceso a la sanidad puede ser el desencadenante en la discriminación a otras prestaciones básicas (educación, servicios sociales…)

• El Decreto no tiene en cuenta aspectos principales relacionados con los determinantes de la salud e incluso puede producir un aumento de la desigualdades sociales

Por todo ello expresaré mi resistencia, sosegada pero activa, de la siguiente forma:

• Dentro de las tareas cotidianas que actualmente desempeño en los  programas o intervenciones de salud pública en Asturias, bien en los que directamente trabajo o bien en aquellos sobre los que mantengo tareas de supervisión, incluiré siempre el criterio de las leyes vigentes y de los artículos de la Constitución Española y de la Ley General de Salud Pública, incidiendo en el aspecto que “Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
• Trataré de insistir en la recomendación de que muchas de nuestras actividades preferenciales en salud pública van destinadas a colectivos vulnerables, empobrecidos y excluidos y que no han de poder excluirse de estas actividades a población inmigrante no regularizada.
• Instando al Gobierno a revisar y modificar los aspectos del Decreto en los que se excluyen las prestaciones sanitarias para el colectivo de población inmigrante no regularizado y aquellos otros aspectos que dificultan el desarrollo de un Sistema Sanitario Público y Sostenible.
• Instando al Gobierno que revise y modificar los apartados del Decreto en los que se incumple la legislación vigente en nuestra Constitución y en nuestra Ley General de Salud Pública
• Instando al Gobierno y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que en la revisión y modificación de los apartados del Decreto para el desarrollo de un Sistema Sanitario Público y Sostenible tenga en cuenta las iniciativas que, elaboradas por la Comisión de Trabajo para reducir las Desigualdades de Salud En España, se publicaron bajo el total amparo y apoyo del propio Ministerio. En dicho documento se señalan, tras un proceso de revisión exhaustivo,  se concretan diferentes recomendaciones e  iniciativas para poder avanzar hacia la Equidad en Salud  (6)

(1)    Plataforma Cívica para la Defensa Sanidad Pública de Asturias

(2)    Grupo de Atención al Inmigrante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria

(3)    Yo sí, sanidad universal

(4)    Comunicado ante medidas RD 16/2012 de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria

(5)    Gimeno, L. Reforma de la Ley de Extranjería y asistencia sanitaria a la población inmigrante

(6)    Avanzando hacia la equidad: propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdes sociales en salud en España.

*Agradecimiento a Ildefonso Hernández por aportación de las referencias normativas y del término «médico  favorable al cumplimiento de leyes». El propio Ildefonso, a través de sugerencias posteriores de otros compañeros de salud pública, matizaba que la denominación más correcta podría ser «médico decidido a colaborar en la aplicación de la legislación en toda su extensión»

Fernandez